Uno de los principales problemas es el costo de capital. Los países del Norte Global suelen pedir préstamos con tasas de interés de entre el 1% y el 4%, mientras que los del Sur Global pagan hasta un 14%, señaló la Primera Ministra de Barbados, Mia Mottley, una de las voces más destacadas en materia de financiación climática.
Además, pidió reformar el sistema financiero mundial para hacerlo más justo y encontrar formas innovadoras de ampliar la financiación disponible para la acción climática «de miles de millones a billones», según sus propias palabras.
En septiembre, Barbados hizo pública una propuesta -conocida como Iniciativa Bridgetown por el nombre de la capital del país- para proporcionar liquidez de emergencia a los países, impulsar préstamos multilaterales y desarrollar nuevos mecanismos para acelerar la inversión privada en la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono.
La propuesta de Barbados despertó gran interés en la última Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), celebrada del 6 al 20 de noviembre en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh.
En su intervención en la COP27, la Primera Ministra de Barbados, Mia Mottley, subrayó la necesidad de reformar las instituciones financieras internacionales para que haya justicia climática. Crédito: Kiara Worth / CMNUCC
El presidente francés, Emmanuel Macron, destacó las ideas de Mottley y dijo que trabajaría con ella para crear un grupo de alto nivel que elabore recomendaciones antes de la primavera de 2023, para cambiar las reglas del juego de la financiación climática. «No podemos esperar hasta la próxima COP», afirmó.
La pregunta sobre cómo financiar la acción climática no es nueva, pero parece estar ganando impulso, lo cual es comprensible dada la urgencia de la transición energética mundial y el elevado precio que podría tener. Un informe publicado este año por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, titulado The Closing Window, ofrece una estimación:
Se calcula que la transformación de una economía global fuertemente dependiente de combustibles fósiles hacia una economía baja en carbono, requeriría inversiones de al menos 4 a 6 billones de dólares al año. Esto representa una parte relativamente pequeña (1,5% a 2%) del total de activos financieros gestionados, pero significativa (20% a 28%) en términos de los recursos adicionales que habría que asignar anualmente.
Si bien el sistema financiero mundial es lo suficientemente grande como para cubrir los déficits en la financiación, el informe advierte que «existe un desajuste cualitativo entre los tipos de capital disponibles y los requeridos»
Mientras tanto, los países desarrollados aún no han cumplido con el compromiso asumido en 2009 en Copenhague, según el cual debían destinar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales para la financiación climática de los países en desarrollo hasta 2020.
En su intervención en la conferencia sobre el clima, Macron dijo que hasta la fecha se habían consignado 82.000 millones de dólares y subrayó la necesidad de que los países desarrollados cumplan con este compromiso para no deteriorar aún más la confianza entre el Norte Global y el Sur Global.
Los gobiernos acordaron crear un fondo para cubrir las pérdidas y daños de los países afectados por catástrofes climáticas, como la grave inundación ocurrida hace varios años en Cabo Haitiano (Haití). Crédito: UN Photo/Logan Abassi. Crédito: UN Photo/Logan Abassi
En la COP27 se alcanzó un acuerdo sobre un eterno punto de fricción: la necesidad de financiación por «pérdidas y daños» para los países vulnerables afectados por catástrofes relacionadas con el clima.
Según un comunicado de prensa de la ONU, los gobiernos acordaron establecer nuevos mecanismos de financiación y un fondo específico para pérdidas y daños, así como la creación de un «comité de transición» encargado de formular recomendaciones para la puesta en marcha del fondo durante la COP28 de 2023. Se espera que la primera reunión del comité de transición tenga lugar en el primer trimestre de ese año.
El granadino Simon Stiell, nombrado en agosto Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), celebró el acuerdo durante el cierre de la conferencia
«Hemos logrado establecer el camino a seguir para la financiación de las pérdidas y los daños, luego de deliberar durante décadas sobre cómo abordar las repercusiones en las comunidades cuyas vidas y medios de subsistencia se han visto arruinados por los peores efectos del cambio climático«, declaró.
En su discurso de clausura, el Secretario General de la ONU, António Guterres, celebró la decisión de crear un fondo para pérdidas y daños. «Está claro que no será suficiente, pero es una señal política muy necesaria para reconstruir la confianza», afirmó.
El Secretario General de la ONU, António Guterres, calificó la decisión de crear un fondo para pérdidas y daños como una «señal política muy necesaria para reconstruir la confianza». Crédito: Kiara Worth / CMNUCC
Según Guterres, la justicia climática también debe implicar otras medidas, como el cumplimiento del compromiso de los 100.000 millones de dólares anuales para los países en desarrollo; la elaboración de una «hoja de ruta creíble» que duplique la financiación para la adaptación al cambio climático; y el cambio de modelo de negocio de los bancos multilaterales de desarrollo y las instituciones financieras internacionales para que «acepten más riesgos y canalicen sistemáticamente financiación privada a costes razonables para los países en desarrollo».
En su intervención durante la conferencia, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, se sumó al pedido para reformar el sistema financiero internacional y reclamó mecanismos que permitan a los países canjear deuda por inversiones en adaptación y mitigación del cambio climático. Además, dijo, los bancos privados y multilaterales deben dejar de financiar la economía de los hidrocarburos.
En una entrevista concedida al New York Times, la Ministra colombiana de Medio Ambiente, Susana Muhamad, afirmó que muchos países consideran que ya se les ha acabado el tiempo para adaptarse y deben ocuparse directamente de las pérdidas y los daños.
«En cuanto intentamos adaptarnos, una crisis climática nos golpea y entramos de nuevo en modo de recuperación», dijo. «La adaptación ya no es un proceso de preparación para el cambio climático, sino un proceso de reacción ante las pérdidas y los daños».
En cuanto a la creación de un fondo para pérdidas y daños, la Primera Ministra Mottley y otros líderes sugirieron durante la conferencia que la financiación no sólo debería proceder de los Estados Partes, sino también de las empresas de combustibles fósiles, que tienen una gran responsabilidad en las emisiones de gases de efecto invernadero.
El Primer Ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Brown, declaró en nombre de la Alianza de Pequeños Estados Insulares que tan solo seis empresas de combustibles fósiles han generado ganancias cercanas a los 70.000 millones de dólares en el primer semestre de este año.
«Es hora de que estas empresas paguen un impuesto internacional por sus emisiones de carbono, destinado a financiar las pérdidas y los daños», afirmó.
Por su parte, el Presidente de Surinam, Chandrikapersad «Chan» Santokhi, subrayó que además de poner los fondos a disposición, es importante simplificar los procedimientos de acceso.
«No podemos esperar años para recibir financiación para la acción climática. Procuremos que sea sencillo, accesible y operativo», dijo. «No creemos otra burocracia internacional».
Según la Iniciativa de Bridgetown, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional deberán reformarse para tener en cuenta la financiación contra el cambio climático.
La financiación de pérdidas y daños, a pesar de su importancia, es sólo una pieza del rompecabezas de la financiación contra el cambio climático. La Iniciativa de Bridgetown proyecta una reforma profunda del sistema financiero para que se tenga en cuenta el clima.
La arquitectura financiera internacional actual aún refleja muchas de las normas establecidas en la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas celebrada en Bretton Woods, New Hampshire, en 1944. Los acuerdos alcanzados allí crearon el Fondo Monetario Internacional (FMI) y lo que hoy se conoce como el Banco Mundial.
«La justicia climática no era un problema cuando se crearon el Banco Mundial y el FMI», explicó Mottley en una rueda de prensa en la COP27. «Estas instituciones tendrán que reformarse para ser relevantes».
Según Mottley, para los países en desarrollo no se trata únicamente de financiación climática. «También necesitamos tener margen para financiar nuestro desarrollo», afirmó. «Si tenemos que pedir prestado para el clima, eso nos impide pedir prestado para la educación, la sanidad, el agua potable y tantos otros aspectos del desarrollo».
Aunque la propuesta de Barbados sigue evolucionando -Mottley la calificó como «un documento en movimiento»-, uno de sus elementos sería la creación de un Fondo Mundial para la Mitigación del Cambio Climático dotado con 500.000 millones de dólares y destinado a facilitar el capital privado.
El capital inicial del fondo fiduciario se basaría en un mecanismo del FMI denominado derechos especiales de giro (DEG), un activo de reserva internacional que permite a los miembros del FMI prestarse mutuamente parte de las reservas de sus bancos centrales a bajas tasas de interés.
En un reciente documento sobre la propuesta, titulado «Breaking the Deadlock on Climate», Avinash Persaud, Enviado Especial del Primer Ministro de Barbados para la Financiación Climática, escribió que el fondo fiduciario otorgaría préstamos directamente a proyectos y no a gobiernos, «sacando de forma crítica la mitigación climática de los balances gubernamentales».
Sin embargo, no todos los proyectos relacionados con el clima atraerán capital privado o generarán ingresos, según Persaud, que citó como ejemplos los proyectos para la protección contra la subida del nivel del mar y las inundaciones.
«La mayor parte de los costes de adaptación y resiliencia climática no pueden trasladarse al sector privado o a terceros. Dependen de los balances de los gobiernos, donde el espacio es limitado, el coste del capital es elevado y, como resultado, se está haciendo muy poca adaptación», afirmó. «Como consecuencia, las pérdidas y los daños están aumentando exponencialmente».
Para hacer frente a este problema, Persaud argumentó que los países vulnerables al clima también necesitan financiación concesional por parte de los bancos multilaterales de desarrollo, es decir, «financiación en mejores condiciones que las disponibles comercialmente».
Además, escribió, todos los instrumentos de deuda deberían incluir una cláusula que «suspenda el servicio de la deuda durante dos años cuando un organismo independiente declare que se ha producido una catástrofe natural que supere un determinado umbral y prorrogue el vencimiento del instrumento durante dos años al tipo de interés inicial». Y, según él, debería haber subvenciones disponibles para pagar la reconstrucción cuando un fenómeno climático cause pérdidas y daños superiores al 5% del PIB.
«Cuando se produce una catástrofe enorme no es el momento de aumentar el endeudamiento», escribió.
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