A medida que la población de la región se expande y las economías crecen, son mayores las demandas de servicios energéticos adecuados y sostenibles. El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), estima que la región tendrá que invertir más de US$2 billones en inversiones en infraestructura energética durante las próximas dos décadas. Por lo tanto, los gobiernos deben establecer mecanismos para fomentar estas importantes inversiones necesarias para cerrar la brecha de infraestructura. Este desafío requiere una mayor participación del sector privado para complementar las soluciones creativas del sector público.
El Banco Mundial define las Alianzas Público-Privada (APP) como «un contrato a largo plazo entre una parte privada y una entidad gubernamental para proporcionar un activo o servicio público, en el cual la parte privada asume un riesgo significativo y la responsabilidad de la administración, y la remuneración está vinculada al desempeño». Las APP ofrecen un mecanismo para que los gobiernos obtengan, financien e implementen proyectos de infraestructura pública y aprovechen el conocimiento, la capacidad financiera y la eficiencia del sector privado, que son complejos de estructurar y requieren una cuidadosa gestión del riesgo.
La OEA ha construido una sólida relación con el Diálogo Empresarial de las Américas (ABD) facilitado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como medio para promover las transacciones de APP. El Grupo de trabajo en energía del ABD participó en el proceso preparatorio de la Reunión Ministerial de la ECPA que a celebrarse en Viña del Mar en septiembre de 2017. Los líderes corporativos formularon recomendaciones sobre políticas e inversiones y brindaron información sobre sus perspectivas en torno a la transición energética en las Américas.
El ABD se creó bajo la creencia de que la comunidad empresarial de la región puede desempeñar un papel activo, responsable y constructivo en la discusión y formulación de políticas públicas e iniciativas internacionales para las Américas. El ABD está dividido en ocho grupos de trabajo relacionados con las políticas que buscan una participación directa de las empresas, con los gobiernos. Esta iniciativa del sector privado impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuenta con la participación activa de varias de las empresas y asociaciones empresariales más importantes del hemisferio.
El ABD tiene como objetivo trabajar conjuntamente con los gobiernos en la construcción de una agenda regional público-privada para mejorar la infraestructura y fortalecer el comercio, facilitar recursos financieros para el crecimiento económico, estimular la innovación y el desarrollo del capital humano, promover la integración y maximizar el potencial de los recursos energéticos de la región.