Durante los últimos meses, las autoridades energéticas se han reunido con representantes de la industria, el mundo académico y grupos ecologistas, entre otros, para consensuar un Plan de Descarbonización. La política nacional exige ahora eliminar la electricidad generada con carbón para 2040, pero la idea es acortar el calendario, según el Ministro de Energía, Diego Pardow.
«Pero quiero ser claro», dijo. «Tanto o más importante que fijarse una meta para cerrar centrales, es definir claramente los pasos y crear las condiciones habilitantes para avanzar en las inversiones que se requieren para llegar a esa meta».
Chile ya ha avanzado mucho en la descarbonización de su red eléctrica, gracias a la rápida expansión de los recursos solares fotovoltaicos y eólicos. De hecho, las energías renovables no convencionales representaron más del 41% de la electricidad generada durante el primer trimestre de este año, un porcentaje mayor que el del carbón, según Pardow, que respondió por escrito a varias preguntas de la Alianza de Energía y Clima para las Américas (ECPA).
Si se tiene en cuenta la energía hidroeléctrica, más de la mitad de la electricidad generada en Chile en los últimos dos años procede de energías renovables. Las estadísticas de la Coordinadora Nacional de Energía de Chile muestran que, desde 2018 hasta 2023, la producción anual de energía eólica se ha más que duplicado, mientras que la solar casi se ha triplicado. Durante ese mismo período, la proporción de electricidad generada a partir del carbón cayó del 38% a menos del 17%.
La incorporación de grandes cantidades de energía solar y eólica a la red marcó un primer periodo de transición energética, dijo Pardow, y el país ha alcanzado ahora un «punto de inflexión».
«Ahora enfrentamos lo que hemos denominado el segundo tiempo de la transición energética, que implica que las fuentes renovables y limpias representen el 100% de nuestra matriz energética para el 2050, tal como ha quedado suscrito de manera consensuada en la Política Energética Nacional vigente», señaló.
El Ministro de Energía chileno, Diego Pardow, en una conferencia sobre energía celebrada en marzo en Santiago. El ministro se refirió a los retos de, lo que él llama, el segundo periodo de la transición energética. Fuente: Energyear
El año pasado, el Ministerio de Energía publicó un documento llamado Agenda Inicial para un Segundo Tiempo de la Transición Energética, que establece una serie de pasos propuestos a corto y medio plazo para que el país alcance ese objetivo. El desarrollo de un Plan de Descarbonización es uno de esos pasos, y Pardow dijo que los resultados del diálogo en curso se harán públicos en breve.
Chile no es el único país que intenta deshacerse de la energía del carbón, pero figura entre los 10 países con las reducciones más rápidas registradas hasta ahora, en cualquier periodo de ocho años desde el año 2000, según informó el año pasado el Instituto de Recursos Mundiales. Grecia encabeza la lista, seguida del Reino Unido, Dinamarca, España, Portugal, Israel, Rumanía, Alemania, Estados Unidos y Chile.
Si bien sólo Dinamarca sustituyó el 100% de esa energía de carbón por fuentes de energía con cero emisiones, Chile ocupó un cercano segundo lugar, con un 95%.
El proceso de eliminación progresiva de las centrales de carbón refleja una política nacional promulgada en 2015 y actualizada en 2022.
«Una de las ventajas de nuestro país es la estabilidad de sus políticas públicas en materia energética, independiente del color del gobierno de turno «, dijo Pardow. Señaló que la eliminación progresiva del carbón es uno de los compromisos climáticos internacionales que el país ha asumido en sus contribuciones determinadas a nivel nacional en el marco del Acuerdo de París.
Uno de los objetivos del diálogo sobre el Plan de Descarbonización ha sido definir más claramente las responsabilidades de cada agente implicado en la eliminación progresiva del carbón, según Pardow.
El pasado agosto, él y otros funcionarios del gobierno iniciaron la discusión durante un acto en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo regional de las Naciones Unidas con sede en la capital chilena, Santiago.
Las autoridades chilenas iniciaron el año pasado un diálogo sobre el Plan de Descarbonización del país en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Fuente: CEPAL
En ese acto, expertos del Ministerio de Energía ofrecieron algunos antecedentes sobre la eliminación progresiva del carbón, hablaron del calendario y analizaron los retos futuros. En 2018 había 28 centrales de carbón en Chile, y el Gobierno y los propietarios de las centrales llegaron a un acuerdo para no construir más. En 2019, firmaron un acuerdo voluntario vinculante para cerrar gradualmente todas las centrales antes de 2040.
Ocho centrales se cerraron entre junio de 2019 y julio de 2023, otras siete tenían previsto su cierre para 2025 y otras cinco estaban destinadas a una posible reconversión. En el caso de las ocho restantes, aún no se habían fijado fechas para su cierre, aparte del plazo de 2040.
Desde que se hizo esa presentación, la empresa AES Andes, que genera y vende electricidad en Chile, Colombia y Argentina, cerró su central eléctrica Norgener de dos unidades en Tocopilla, en la norteña región de Antofagasta.
Las unidades, que tenían una capacidad total de 276 megavatios (MW), se desconectaron del sistema eléctrico nacional el 16 de abril, adelantándose al objetivo previsto anteriormente de diciembre de 2025, según anunció la empresa en un comunicado de prensa. La desconexión anticipada fue autorizada por los reguladores nacionales.
La planta solar de Chañares, con una capacidad instalada de 40 MW, está situada en el desierto de Atacama, donde cuenta con uno de los niveles de radiación solar más altos del planeta. Fuente: Enel
El cierre de las centrales eléctricas de carbón ayuda a resolver algunos problemas -especialmente la contaminación atmosférica-, pero también introduce nuevas complejidades a medida que la red eléctrica se hace más dependiente de fuentes intermitentes de energía. La política nacional chilena exige que el 80% de la electricidad del país se genere a partir de fuentes renovables para 2030, con 2 gigavatios (GW) de almacenamiento añadidos al sistema para esa fecha.
Durante el evento en la CEPAL, los participantes del Ministerio de Energía se refirieron a algunas de las cuestiones regulatorias y técnicas que deben considerarse para que la transición sea lo más fluida posible: ¿Qué incentivos pueden crear los responsables políticos para fomentar la inversión en la generación de energía limpia 24 horas al día, 7 días a la semana? ¿Qué cambios deben introducirse en el sistema de permisos? ¿Cómo puede modernizarse la red para gestionar más variabilidad e incertidumbre?
¿Qué alternativas existen para adaptar las centrales para que funcionen con otros combustibles? ¿Cuál debe ser el papel del gas natural en la transición energética?
¿Qué nuevas tecnologías son necesarias, como el almacenamiento, para modernizar el mercado de la electricidad? ¿Qué mecanismos pueden ser necesarios para evaluar y asignar riesgos? ¿Cómo puede mejorarse el sistema de transmisión? ¿Qué hay que hacer para garantizar el acceso abierto al uso de las líneas de transmisión o distribución?
Una pregunta muy básica: En un momento de rápidos cambios, ¿cuál es la mejor manera de garantizar que el sistema pueda satisfacer la creciente demanda de electricidad del país? ¿Qué mecanismos reguladores pueden establecerse para mitigar los efectos de cualquier interrupción?
También hay que tener en cuenta los factores sociales. Cuando una central eléctrica cierra, la gente pierde su trabajo. En una entrevista concedida el año pasado a CNN Chile, Pardow afirmó que es importante que el Gobierno preste apoyo no sólo para garantizar que los trabajadores reciban algún tipo de compensación o tengan la oportunidad de acceder a nuevas fuentes de ingresos, sino también para que se tengan en cuenta las necesidades de la economía local en su conjunto.
«Cuando uno retira una carbonera de una localidad determinada, eso tiene evidentes efectos positivos en salud pública, pero también estás apagando una actividad económica», dijo. «Y de eso nosotros nos tenemos que hacer cargo».
Hacer lo contrario, dijo, sería pedir a los habitantes de las zonas que dependen de estas plantas que hicieran un «doble sacrificio»; no sólo tendrían que hacer frente a los efectos sobre la salud de la exposición a largo plazo a la contaminación atmosférica, sino que también se enfrentarían a mayores dificultades económicas.
Pardow explicó a la ECPA que el gobierno del Presidente Gabriel Boric ha creado el Comité Interministerial fr Transición Socioecológica Justa -integrado por los Ministerios de Medio Ambiente, Energía, Desarrollo Social, Trabajo, Economía, Minería y Salud- para coordinar las transformaciones institucionales que serán necesarias en los próximos años.
Ver el mapa
