Durante mucho tiempo, el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador criticó las reformas energéticas que la administración anterior implantó en 2013. Dice que la nueva ley promoverá la “soberanía energética” y fortalecerá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) perteneciente al Estado.

Por su parte, los críticos argumentan que esta reforma, que modifica la Ley de la Industria Eléctrica de 2014, hará que México sea menos competitivo, desalentará la inversión y perjudicará al medio ambiente.

Una de las disposiciones que provocó acérrimas críticas trata sobre el cambio en el orden del suministro de energía de las centrales eléctricas a la red nacional, cuya propiedad y administración le corresponde a la CFE. Según la ley de 2014, que por ahora sigue vigente, la prioridad de despacho se basa en el precio. En otras palabras, una central que produce electricidad a un menor costo está más adelantada en la fila que un competidor menos eficiente. Esto le dio una ventaja a las centrales eólicas y solares, por lo que la inversión en estos tipos de energías renovables se disparó en los últimos años.

La nueva ley le daría prioridad a la generación eléctrica derivada de la propiedad estatal, independientemente del precio. Esto significa, por ejemplo, que se favorecería la electricidad proveniente de una central de la CFE que quema combustóleo por encima de aquella generada con energía eólica o solar de las empresas privadas.

El mes pasado, durante un foro de dos días sobre “Electricidad para el futuro de México” que contó con el patrocinio del Consejo Coordinador Empresarial de México (CCE), un orador tras otro afirmó que la disposición no tenía sentido desde el punto de vista económico, técnico, jurídico o ambiental.

“No hay una forma, no hay un ángulo en el que podamos ver que esto va a mejorar la competitividad en el país”, dijo Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un centro de investigación sin fines de lucro ni vínculos partidarios.

Montserrat Ramiro, ex comisionada de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de México, puso en tela de juicio que la priorización de la generación de energía ineficiente optimice el aprovechamiento de los recursos públicos. “Lo que es absolutamente indiscutible es que los costos con esta estructura que se presenta van a ser mayores”, dijo.

El impacto en la salud pública y el medio ambiente también será amplio, señalaron varios participantes. José Ramón Ardavín Ituarte, director ejecutivo de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES), dijo que para que México tenga alguna posibilidad de cumplir con sus objetivos en el marco del Acuerdo de París, debe reducir significativamente las emisiones de carbono del sector eléctrico en lugar de aumentarlas.

La nueva ley se contrapone a la tendencia mundial hacia una transición energética acelerada con más electrificación y digitalización, señaló Lourdes Melgar, destacada funcionaria de energía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y una de las arquitectas de sus reformas energéticas. Si bien es cierto que el objetivo de la nueva ley consiste en ayudar a la CFE, terminará socavando la autonomía de la empresa al obligarla a comprarle combustóleo a la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), dijo Melgar.

“Mientras el sistema eléctrico esté siendo definido por cuestiones políticas y no técnicas, México va a estar perdiendo el futuro”, dijo.

La Comisión Federal de Electricidad es una de las empresas públicas más grandes de México. Fue fundada en 1937, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas quien, al año siguiente, nacionalizó la industria petrolera y fundó Pemex. Es el principal generador de electricidad del país y tiene el monopolio de la transmisión y la distribución. La empresa cuenta con más de 94.000 empleados, según su sitio web.

CFE genera electricidad a partir de una amplia gama de fuentes que incluyen la energía hidroeléctrica, eólica, solar, del carbón, nuclear, geotérmica, del petróleo y del gas. Además de producir electricidad, también se la compra a empresas privadas de generación para distribuirla a través de su red.

El nuevo sistema de despacho le otorgaría prioridad a la generación de propiedad de CFE, empezando con la hidroeléctrica, seguida por sus centrales térmicas. Luego, sería el turno de la generación eólica y solar de propiedad privada. Las centrales privadas de ciclo combinado quedarían últimas en la fila.

“Como las centrales hidroeléctricas de la CFE no pueden satisfacer la demanda eléctrica del país, los principales beneficiarios serían las centrales contaminantes y tecnológicamente obsoletas de la CFE que ocupan el segundo lugar en la lista de despacho”, escribió Oscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, en un artículo publicado por el Wilson Center.

Este arreglo beneficia no solo a la CFE sino también a Pemex, que podría vender más combustóleo con alto contenido de azufre para abastecer a las centrales térmicas de la CFE, según Fernando Rodríguez-Cortina, un abogado mexicano que trabaja en la oficina de Houston de la firma de abogados King & Spalding.

“Ese combustible no se puede exportar”, dijo en una entrevista con la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA). “Nadie va a comprarlo porque es tan sucio que no cumple con los estándares internacionales”

En un reciente podcast, Rodríguez-Cortina y Roberto Aguirre Luzi, socio en la práctica de arbitraje internacional de la misma firma, hablaron sobre algunas de las posibles consecuencias de la nueva ley, la cual estiman dará lugar a numerosos reclamos internacionales. Señalaron que México ha celebrado tratados bilaterales de inversión—acuerdos diseñados para proteger a los inversores—con unas 40 jurisdicciones. La situación actual genera “una gran incertidumbre y muchas señales de alerta para los inversores que han aportado millones de dólares al sector eléctrico o que estaban considerando hacerlo”, dijo Aguirre Luzi.

En una entrevista, agregó que la nueva ley discrimina a las empresas privadas que invirtieron en el sector eléctrico mexicano con base en reglas claras que establecían un acceso irrestricto y no discriminatorio a la red.

“Uno se encontraba exactamente en igualdad de condiciones con respecto al generador estatal y ahora deberá despachar después de aquel, habiendo realizado una inversión basada en el supuesto, en el marco jurídico aprobado por el gobierno, que permitía un despacho con base en costos marginales”, explicó Aguirre Luzi.

Los cambios no solo aumentarán la contaminación y desalentarán la inversión en energía eficiente y más limpia, dijo, sino que también elevarán el costo del sistema de producción de electricidad.

El alza de los costos fue un tema recurrente durante el reciente foro. En la actualidad, las centrales eléctricas de ciclo combinado que utilizan gas natural representan la fuente más grande de electricidad en México. Si quedaran relegadas a un segundo plano frente a centrales térmicas menos eficientes, la CFE podría terminar gastando entre US$2 y 3 mil millones adicionales de electricidad por año, según un estudio de modelado informático realizado para el Consejo Coordinador Empresarial.

El primer mandatario mexicano prometió que los consumidores residenciales no verán subas en sus facturas de luz, pero varios expertos en energía coincidieron en que la gente terminará pagando más aunque sea indirectamente. Una forma, dijeron, sería mediante impuestos más altos si es necesario incrementar los subsidios a la energía. Otra forma sería a través de precios más altos de los bienes y servicios en general, visto que las empresas que tienen que pagar más por la electricidad trasladan sus costos a los consumidores.

Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que la energía eléctrica que las empresas privadas producen en México y venden a la CFE para su distribución cuesta en promedio un 26 por ciento menos que la que produce la empresa estatal misma. Subrayó que no insinuaba que la CFE estuviera mal administrada, sino que señalaba que las centrales del sector privado tienden a utilizar tecnología más moderna que es más innovadora y eficiente.

“Todos queremos que la electricidad nos llegue a mejores precios, pero esto será posible siempre y cuando tengamos menores costos para producirla”, dijo. Salazar afirmó que a principios de este año su organización había intentado entablar el diálogo con la legislatura acerca del proyecto de ley de electricidad, centrándose estrictamente en cuestiones técnicas y económicas, pero que se le denegó la oportunidad de involucrarse.

Casualmente, el Senado aprobó la versión final de la nueva ley en la madrugada del 3 de marzo, pocas horas antes del inicio del foro empresarial.

Tan pronto fue publicada en el Diario Oficial, la nueva ley se topó con “una avalancha de recursos judiciales”, según describió Ocampo. Un tribunal suspendió su aplicación, pero “el resultado de estas batallas legales aún es incierto y probablemente se defina mediante un fallo de la Corte Suprema”, escribió.

Durante el foro, varios participantes hablaron sobre los probables desafíos legales que se avecinan, tanto en el plano nacional como en el internacional. Si la nueva ley entra en vigor, argumentaron, será contraria a otras leyes mexicanas y violará varias normas constitucionales, así como también acuerdos internacionales tales como el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.

Los participantes también hablaron acerca de cómo lograr que el público escuche sus argumentos de manera más eficaz. Luis Miguel González, director editorial del periódico empresarial mexicano El Economista, dijo que es importante transmitir un mensaje contundente y claro acerca de la importancia de contar con un sector energético más competitivo, abierto y limpio.

Dijo que uno de los desafíos es que la comunidad empresarial tiende a hablar de la reforma energética en términos técnicos complicados, mientras que el gobierno ha propugnado una narrativa amplia que alude a la soberanía y el nacionalismo.

“Cuando en una discusión aparece lo complejo contra lo simple, va a ganar lo simple”, dijo González. Agregó que López Obrador es hábil para encontrar el momento justo para poner en relieve sus prioridades. Por ejemplo, cuando México sufrió los cortes de electricidad que resultaron de la crisis energética en Texas, el presidente aprovechó la oportunidad para hablar de la necesidad de independencia energética del país.

Asimismo, en varias ocasiones López Obrador criticó a ciertas empresas extranjeras de energía, alegando que se beneficiaron injustamente de las reformas de los últimos años y acusando a algunas de ellas de cometer actos de corrupción.

Algunas semanas después de promulgar la nueva Ley de la Industria Eléctrica, el presidente presentó una iniciativa para modificar la Ley de Hidrocarburos. En una carta introductoria de las reformas propuestas al Congreso, dijo: “Es imperativo el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado mexicano como garantes de la seguridad y soberanía energética y palanca de desarrollo nacional, para detonar un efecto multiplicador en el sector privado”.

Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estrecha aliada de López Obrador y destacada defensora de la energía renovable, recientemente manifestó su apoyo a la nueva Ley de la Industria Eléctrica. En un evento celebratorio del aniversario de la nacionalización de la industria petrolera en 1938, dijo que la ley beneficiaría al país y ayudaría a fortalecer la sostenibilidad y la soberanía.

“Los intereses de la nación estarán por encima de los intereses privados, donde el interés del pueblo y su bienestar es una guía”, dijo.

Sin embargo, los opositores de la nueva ley consideran que ellos están del lado del mensaje de bienestar y reconocen que deben mejorar la manera en que elaboran sus argumentos. No se trata de ganarse adeptos entre los “técnicos”, dijo en el foro Roberto Newell, ex director general de IMCO, sino de “convencer a la gente”.