Dos sucesos que tuvieron lugar en abril, con solo 10 días de diferencia, fueron las últimas vicisitudes en la saga en la que siguen sumidas todas las ramas del gobierno.
Las cuestiones centrales giran en torno a la ley que rige al sector de la energía eléctrica. Hace más de un año, el Congreso mexicano enmendó la Ley de la Industria Eléctrica de 2014. Esta enmienda revierte el rumbo de las reformas que habían abierto el sector energético a la competencia y habían impulsado una considerable inversión extranjera en energía renovable.
El presidente López Obrador dijo que la nueva ley promovería la “soberanía energética” y fortalecería a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) perteneciente al Estado, en tanto que los críticos afirmaron que haría que México fuese menos competitivo, desalentaría la inversión y perjudicaría al medio ambiente.
Entre otras disposiciones, la enmienda cambió el orden del suministro de energía de las centrales eléctricas a la red nacional. En vez de dar prioridad a la energía de más bajo costo, la nueva ley favorecería la generación por empresas estatales. En otras palabras, se despacharía electricidad de una central perteneciente a la CFE que quema combustibles fósiles antes que la energía eólica o solar de menor costo generada por empresas privadas (véase Cambio de rumbo de la reforma energética en México).
Operarios de la red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad de México.
La nueva ley fue recibida con una andanada de recursos judiciales, y un juez suspendió su aplicación casi de inmediato. El objetivo de una de las demandas, interpuesta por algunos enemigos de la nueva ley en el Senado mexicano, era que se declarara la inconstitucionalidad de la enmienda.
Ese intento fracasó el 7 de abril, cuando la Suprema Corte reafirmó la constitucionalidad de la ley. Aunque la mayoría de los jueces consideraban que la ley era inconstitucional, no se logró la mayoría calificada de los votos que se necesitaba para declarar la inconstitucionalidad.
No obstante, ese fallo no resolvió todas las acciones judiciales. Ahora que la ley ha pasado la prueba de la constitucionalidad, los tribunales tendrán que abrirse camino entre los numerosos recursos de amparo pendientes, interpuestos por compañías de electricidad privadas e inversionistas. La publicación Forbes México informó hace poco que los tribunales mexicanos habían concedido aproximadamente 200 solicitudes de suspensión de efecto general, que han suspendido temporalmente la aplicación de la reforma hasta que se resuelvan los recursos de amparo.
Entretanto, el gobierno de López Obrador había estado tratando por otra vía de cambiar la normativa del sector energético por medio de una enmienda constitucional. En una votación realizada el 17 de abril (Domingo de Pascua), la medida recibió apoyo mayoritario, pero no obtuvo la mayoría de dos tercios necesaria para enmendar la constitución.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México emitió una declaración en la cual elogió la “responsabilidad” demostrada por los legisladores. “Un país abierto y moderno como el nuestro requiere de un marco legal claro, transparente y confiable”, dijo.
El Washington Post, en un artículo de fondo titulado “Ante la reforma eléctrica de AMLO, el Congreso mexicano se aferra al sentido común”, afirmó que el voto era “una merecida derrota” con consecuencias “para toda América del Norte y, de hecho, para el mundo”.
La reacción del presidente López Obrador a la votación fue rápida y mordaz. Dijo que los legisladores que habían votado en contra de la enmienda constitucional habían cometido “un acto de traición”. Aseveró que, en vez de defender los intereses del pueblo, habían defendido los intereses de compañías extranjeras e “intereses oligárquicos corruptos”.
“Esto no termina todavía”, declaró a los reporteros la mañana siguiente a la votación. “Esto apenas comienza”.
Andres Manuel Lopez Obrado, Presidente de México.
Por el momento, lo único que significa esto es que poco ha cambiado, según Fernando Rodríguez-Cortina y Roberto Aguirre Luzi, abogados con oficinas en Houston que son socios en la rama de arbitraje internacional del bufete King & Spalding. En una entrevista conjunta realizada hace poco por video describieron una situación “gris” que obstaculiza las inversiones y no sirve a los intereses de nadie.
“En resumidas cuentas, han sido dos o tres años de completa incertidumbre con respecto a lo que va a pasar”, dijo Aguirre. “En un momento en que los países necesitan energía limpia y eficiente y los precios de los combustibles fósiles están altos”, agregó, “el actual gobierno mexicano sigue socavando las inversiones en energía renovable”.
“Al final, ¿quiénes salen perjudicados de todo esto? El pueblo mexicano y el medio ambiente. Esa es la conclusión de esta tristísima historia”, dijo Aguirre.
Según Rodríguez-Cortina, las empresas que ya han invertido en proyectos energéticos en México parecen estar en compás de espera hasta que se disipe la incertidumbre, con la esperanza de que los tribunales terminen fallando a su favor y de que puedan poner en marcha sus proyectos. “Todavía no he visto a nadie empacar y marcharse”, dijo, pero agregó que tampoco ha visto muchas inversiones nuevas.
Afirma que algunas empresas tienen proyectos listos para iniciar las operaciones, pero no han conseguido los permisos necesarios para hacer pruebas del sistema o comenzar a generar electricidad. Aunque el gobierno ha aducido diferentes razones para la denegación o la demora de los permisos (“la excusa de la COVID, la excusa de que están muy ocupados”), esta situación solo exacerba la incertidumbre, dice Rodríguez-Cortina.
“Si el gobierno se mantiene en la misma tesitura, va a causar grandes daños a muchas de esas empresas”, dijo. Agregó que, a la larga, las medidas de ese tipo podrían llevar a acciones judiciales en el ámbito internacional.
Diputados en la sesión ordinaria del 17 de abril pasado.
La Associated Press citó hace poco al propietario de una compañía mexicana de paneles solares que dijo que había perdido dos proyectos por un total de $3 millones el año anterior debido a la incertidumbre y se había visto obligado a reducir su personal de 90 empleados a 35. En un caso, hasta había aceptado una cláusula en un contrato según la cual se obligaba a recomprar alrededor de 3.000 paneles solares de un cliente si los cambios en la ley afectaban la viabilidad de la inversión.
La incertidumbre ha causado preocupación en la esfera internacional, incluso en la Unión Europea y en Estados Unidos. En una declaración emitida tras la decisión de la Suprema Corte del 7 de abril, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 “probablemente abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión”.
“Las medidas que están ante el Poder Legislativo de México tienen impactos en la competitividad de América del Norte, y por ello esperamos que el marco jurídico resultante apoye la creación de una América del Norte que sea potencia de energía limpia, que proteja las inversiones actuales y futuras de empresas estadounidenses en México conforme a las obligaciones de México bajo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, y que proteja la integración de las cadenas de suministro México-Estados Unidos en favor de la prosperidad de nuestra región”, dijo el embajador. “Esperamos que cualquier marco jurídico establezca un claro compromiso con el combate a la crisis del cambio climático y con proveer energía limpia, barata y accesible para todos”.
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