El nuevo jefe de Estado chileno, que asumió el cargo en marzo de este año, recalcó que Chile trabajará junto con el resto de la región para abordar los efectos del cambio climático y la degradación ambiental y promover la justicia climática.
“Cuando se quema una parte del Amazonas o cuando se acelera el derretimiento de un glaciar en la Patagonia chilena o argentina, no es el Estado chileno, no es el Estado brasileño, no es el presidente de turno el que sufre, es toda la humanidad”, afirmó. “Y, por lo tanto, tenemos una responsabilidad de la que tenemos que hacernos cargo y una responsabilidad que no es posible abordar solamente dentro de los marcos de los Estados Nación”.
Boric estaba hablando en la primera reunión de la Conferencia de Partes (COP1) del Acuerdo de Escazú, que tuvo lugar del 20 al 22 de abril en Santiago (Chile), en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Este órgano de las Naciones Unidas desempeña la función de secretaría técnica del proceso de Escazú.
Gabriel Boric, Presidente de Chile en Primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 1) del Acuerdo de Escazú.
El tratado, cuyo nombre oficial es “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, fue adoptado en Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 2018 y entró en vigor el 22 de abril de 2021.
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha descrito este acuerdo jurídicamente vinculante como “el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”.
En la reunión de Santiago, el Secretario Ejecutivo Interino de la CEPAL, Mario Cimoli, afirmó que el Acuerdo de Escazú era “un instrumento de transformación social y de profundización de la democracia”.
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expresidenta de Chile, señaló en su alocución virtual en la COP1 que el Acuerdo de Escazú proporcionaba a los Estados una herramienta eficaz para cumplir su obligación de salvaguardar el planeta y los derechos de los pueblos.
“Podríamos resumir el espíritu de Escazú en que, si queremos defender el ambiente, debemos iniciar por proteger a quienes lo defienden”, dijo.
Basándose en datos del organismo que encabeza, Bachelet observó que tres de cada cuatro asesinatos de defensores de la tierra y del medio ambiente se cometían en América Latina y el Caribe. Agregó que muchos activistas ambientales solían ser el blanco de juicios y acciones judiciales entablados en su contra por empresas del sector extractivo.
El presidente Boric de Chile mencionó a algunos de los activistas ambientales que habían perdido la vida en la región, entre ellos Berta Cáceres de Honduras, Macarena Valdés de Chile, Estela Casanto de Perú y Breiner David Cucuñame de Colombia, que tenía solo 14 años cuando fue asesinado a principios de este año.
Activistas ambientalesreunidos frente a la Casa Blanca en Washington, D.C. para generar conciencia sobre el asesinato en 2016 de la activista hondureña Berta Cáceres. (Jahi Chikwendiu / Getty)
“Son cientos los que hoy día no están con nosotros, los que ya no pueden luchar. Es por ellos y por ellas y por quienes siguen alzando la voz, que lo siguen haciendo a pesar de vivir bajo amenazas, que hoy tenemos el imperativo de movilizarnos para protegerlos a ellos y protegernos a nosotros mismos”, agregó Boric, en “el acto de supervivencia más básico”.
El último día de la reunión, que coincidió con el Día Internacional de la Madre Tierra, Nadino Calapacha, en representación de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), encabezó a los delegados en un minuto de silencio por los que han muerto defendiendo el medio ambiente. Uno de los nombres que puso de relieve fue el de Ulises Rumiche, que había sido asesinado en la Amazonía peruana solo dos días antes.
“No podemos estar hablando de luchar contra el cambio climático si no garantizamos la vida, si no garantizamos los derechos de los defensores y defensoras de la Madre Tierra”, afirmó.
Uno de los elementos fundamentales del Acuerdo de Escazú son los llamados “derechos de acceso”, es decir, “el derecho de acceso a la información ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales”.
En el artículo 9 se aborda el tema de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales y se indica que cada Estado Parte “garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”. También se dispone que cada Estado Parte debe “proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales” y “prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir” en el ejercicio de los derechos contemplados en el Acuerdo.
Según la CEPAL, más de 780 delegados participaron de manera virtual o presencial en la reunión de tres días, entre ellos representantes de Estados Partes y países observadores, así como de organizaciones regionales e internacionales y de la sociedad civil.
Primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 1) del Acuerdo de Escazú.
En el proceso de Escazú participan seis representantes electos del público, que tienen voz, pero no voto. Varios hablaron en la reunión. Instaron a más países de la región a adherirse al tratado y recalcaron la importancia del aporte continuo del público a las decisiones en materia ambiental.
“El convenio de Escazú no es una varita mágica, como ningún instrumento normativo lo es”, afirmó Andrea Sanhueza, de Chile, uno de los representantes electos del público, en la sesión de apertura. “Pero”, agregó, “su implementación ofrece un camino institucional para canalizar los conflictos existentes, proteger a los y las defensoras ambientales, dando la oportunidad de una mayor gobernabilidad y paz social. Por eso es que es tan importante”.
En la reunión se adoptó un reglamento y se aprobaron otros documentos, se eligió a los integrantes de la mesa directiva, se creó un comité para promover la aplicación y el cumplimiento del acuerdo y se estableció un fondo voluntario para facilitar la aplicación, entre otros asuntos.
A la fecha de la celebración de la reunión en Santiago, 24 países de la región habían firmado el Acuerdo de Escazú y 12 lo habían ratificado: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.
El presidente Boric explicó a los participantes que Chile desempeñaba un papel de observador y anfitrión y que esperaba que su país se convirtiera pronto en Estado Parte. Esto ocurrió unas semanas después de la reunión, tras la aprobación del tratado por la Cámara de Diputados de Chile el 11 de mayo y por el Senado el 31 de mayo.
En la legislatura colombiana también se ha debatido el tratado en las últimas semanas. Colombia lo ha firmado, pero todavía no lo ha ratificado.
Un signatario que al parecer no lo ratificará dentro de poco es el país que dio al Acuerdo de Escazú su nombre. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, pocos días antes de asumir el cargo el 8 de mayo, dijo que no creía que el Acuerdo de Escazú beneficiaría al país y que su gobierno no lo ratificaría.
Según la agencia noticiosa EFE, Chaves aseveró que la mayoría de las disposiciones del tratado ya están plasmadas en la legislación costarricense. Expresó preocupación por la posibilidad de que, con el Acuerdo de Escazú, fuese demasiado fácil obstaculizar posibles inversiones en un momento en que es necesario reactivar la economía.
“El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del gobierno”, afirmó.
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