Para Rivera, la justicia y la inclusión son componentes esenciales de la transición a la energía limpia, especialmente en una región donde demasiadas personas aún carecen de acceso a la electricidad al nivel más básico.
A primera vista, a América Latina y el Caribe les está yendo bien en este tema. La Agencia Internacional de Energía estima que en 2019 el 97 por ciento de la población de Centro y Sudamérica tenía acceso a la electricidad. En América Latina y el Caribe, el Banco Mundial sitúa este promedio por encima del 98 por ciento.
Sin embargo, Rivera señaló en una reciente entrevista que las estadísticas suelen ocultar profundas desigualdades, un ejemplo de lo que él denomina «la tiranía de los promedios». Agregó que en toda Panamá alrededor del 94 por ciento de las personas tiene acceso a la electricidad, pero en la comarca Ngöbe-Buglé, territorio ancestral de las poblaciones indígenas más grandes del país, la proporción de hogares con electricidad se reduce tan sólo al cuatro por ciento.
A finales del año pasado, el gobierno panameño aprobó una hoja de ruta de políticas de transición energética de 10 años en la que considera el acceso universal a la electricidad como «prioridad uno». Si bien en los últimos años Panamá ha estado trabajando para expandir la electrificación rural, se estima que se necesitarán aproximadamente US$350 millones de nuevas inversiones para lograr el acceso universal en 2030.
El evento se celebrará en forma virtual y presencial en la ciudad de Panamá los días 10 y 11 de febrero de 2022.
«La última milla es la más difícil de llevar», dijo Rivera. La mayoría de las casi 93.000 familias panameñas sin acceso a la energía eléctrica vive en pequeñas y remotas comunidades ubicadas en terrenos montañosos o muy boscosos. «Para estas personas, la transición energética es venir del siglo XIX al siglo XXI, finalmente, con todo lo que representa el tener acceso en su vida al tema de energía».
Ciertamente, la brecha del acceso a la energía no se limita solo a Panamá, sino que la desigualdad se extiende en toda la región. «Tenemos parte de nuestras poblaciones que aún no cuentan con acceso a energía sostenible y moderna, que además es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, con fecha de cumplimiento del año 2030», destacó Rivera.
Este es un tema en el que Panamá ha estado trabajando en la ONU como uno de los 30 «Campeones Globales» que encabezan la acción en áreas temáticas claves que se abordarán en el próximo Diálogo de Alto Nivel sobre la Energía. (Véase el artículo a continuación.)
La reunión ministerial de la ECPA en febrero será una «extensión natural» de estos esfuerzos, afirmó Rivera. El plan es que los ministros de energía y demás funcionarios de alto nivel de la región se reúnan en persona en la ciudad de Panamá, dependiendo por supuesto de los cambios que sean necesarios debido a la pandemia COVID-19.
Según Rivera, el tema elegido para la reunión de la ECPA va más allá del mero acceso a la electricidad. El enfoque en la inclusión y la justicia también analiza los efectos sociales y económicos de la transición energética a fin de garantizar que los beneficios y las oportunidades lleguen a las personas en todos los segmentos de la sociedad, incluidas las mujeres y los jóvenes.
En los próximos años, a medida que vaya disminuyendo el empleo relacionado con los combustibles fósiles, también será importante garantizar que los trabajadores desplazados por la transición obtengan el apoyo y la capacitación que necesitan para desempeñarse en el campo de las energías renovables o en otros sectores. Todo esto se torna aún más urgente mientras la región busca recuperarse del devastador impacto económico que tuvo la pandemia, agregó Rivera.
Canal de Panamá, Panamá.
Panamá estima que su agenda de transición energética puede convertirse en un motor clave de la recuperación económica. Según datos del Banco Mundial, Panamá se encontraba entre las diez economías más afectadas del mundo, con una contracción del producto interno bruto (PIB) del 18 por ciento el año pasado.
Ahora la perspectiva es mucho mejor: este año la economía panameña marcha en rumbo hacia un crecimiento del PIB en torno al nueve por ciento, dijo Rivera, y agregó que la rápida aceleración de la campaña de vacunación fortalecerá aún más el proceso de total reapertura de la economía.
A medida que el país se recupera, busca atraer más inversiones en energía limpia. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente indica que al enfocarse en una recuperación verde, Panamá podría generar más de 15.000 nuevos empleos para 2024 y reducir los subsidios a los combustibles fósiles en US$500 millones. Según el informe, otros beneficios a corto plazo podrían incluir la mejora de las finanzas del gobierno, la reducción de las emisiones de carbono y la mejora de la calidad del aire, lo cual redundaría en menos enfermedades respiratorias y en ahorros en el sistema de salud.
A fines del año pasado, el Consejo de Gabinete del Presidente Laurentino Cortizo Rivera aprobó una hoja de ruta estratégica que traza el rumbo de la transición energética utilizando el plazo que establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El documento (Lineamientos Estratégicos de la Agenda de Transición Energética 2020-2030) traza una línea directa desde las energías limpias hacia el desarrollo y el crecimiento económico.
«Panamá, al igual que los países de América Latina y el Caribe, tiene una ventaja significativa en materia de recursos naturales para implementar un plan de recuperación verde», señala el documento. «Su gran potencial aún por explotar, sumado a la motivación de diversos países de la región para fomentar un mercado verde, es sin lugar a dudas un atractivo para desarrolladores de proyectos que buscan la diversificación geográfica e inversiones limpias».
Rivera afirmó que el documento de estrategia tiene como objetivo no solo darle forma a la adopción de decisiones en el ámbito del sector público, sino también orientar con claridad al sector privado y reducir la incertidumbre en materia de política energética. La hoja de ruta se centra en cuatro pilares básicos: descarbonización, mediante una mayor adopción de energías renovables y una electrificación más generalizada; descentralización, mediante el uso de tecnologías de escala más pequeña; democratización, haciendo que los consumidores de energía también se conviertan en productores de energía; y digitalización, a fin de permitir que se utilicen datos para transformar y optimizar la producción y el uso de energía.
El documento establece estrategias para los sectores de la electricidad y los hidrocarburos, así como un plan de fortalecimiento y mejora de la coordinación entre los órganos de gobierno que desempeñarán un papel fundamental en la ejecución de estas políticas. Un Consejo Nacional de Transición Energética, que fue creado recientemente, incluye actores de los sectores público y privado, así como expertos académicos entre otros, ofrecerá recomendaciones y garantizará la rendición de cuentas, según Rivera.
Puente Canal de Panamá, Panamá.
En el corazón de la hoja de ruta energética está el objetivo del gobierno de hacer de Panamá un centro regional de energía verde, aprovechando su geografía.
«Nuestro principal recurso natural como país, históricamente, es nuestra posición geográfica», dijo el Secretario de Energía Rivera. El ejemplo más claro es evidentemente el Canal de Panamá, que ha convertido al país en un lugar estratégico del comercio marítimo internacional desde que fue inaugurado en 1914.
Hoy en día, el Canal de Panamá atrae una amplia gama de servicios logísticos e infraestructura portuaria, tanto en el lado atlántico como en el lado pacífico de la vía fluvial. Según Panamá, todo ello podría sentar las bases para impulsar la transición energética. Por ejemplo, gracias a la inversión privada ya está instalada en Panamá la infraestructura para almacenar gas natural licuado (GNL) producido en Estados Unidos y distribuirlo a otros países. Asimismo, a medida que la industria del transporte marítimo avanza hacia los combustibles sin carbono, Panamá se propone convertirse en un centro de abastecimiento de hidrógeno limpio.
Según Rivera, Panamá también está bien posicionada para convertirse en un centro de conocimiento sobre transición energética y para brindar servicios financieros, jurídicos, de seguros y de otro tipo que apoyen a la región en su esfuerzo por alcanzar las metas de descarbonización.
Panamá incluso tiene potencial para convertirse en un centro regional de energía eléctrica si se concreta un proyecto de interconexión con Colombia. La propuesta de proyecto, que fue anunciada por primera vez hace más de una década, estuvo en suspenso durante varios años, pero ambos países están avanzando nuevamente para determinar su viabilidad. El mes pasado, Rivera y su homólogo colombiano, el ministro de Energía y Minas Diego Mesa, firmaron un acuerdo para trabajar hacia la armonización de las regulaciones.
Además de conectar Panamá y Colombia, el proyecto permitiría por extensión la integración energética entre los países centroamericanos y andinos y fortalecería la seguridad energética de la región, dijeron Rivera y Mesa en el comunicado de prensa mediante el cual anunciaron el último acuerdo.
Para Panamá, ser un hub es una especie de «vocación» como país, «es parte de nuestro ADN», según las palabras de Rivera. En los próximos meses y en la próxima reunión ministerial de la ECPA, le entusiasma la idea de participar, junto a sus pares de toda la región, en un diálogo productivo sobre la energía y el clima y sobre cómo garantizar una transición energética que funcione para todos.
En última instancia, dijo Rivera, este tipo de conversaciones debe involucrar no solo a los expertos, académicos, empresas y funcionarios del gobierno, sino a todos los ciudadanos. Es por eso que el gobierno panameño realizó una amplia consulta pública cuando desarrolló su agenda de transición energética, y por eso planea incluir materias como eficiencia energética, energías renovables y cambio climático en el programa de enseñanza escolar. «Sin la participación de los ciudadanos», afirmó Rivera, «todo esto no va a tener el impacto que necesitamos».
Asamblea General en reunión plenaria – Fototeca de la ONU
El evento se celebrará en forma virtual y presencial en la ciudad de Panamá los días 10 y 11 de febrero de 2022.
El liderazgo de Panamá en el marco de la ECPA está en consonancia con su compromiso de promover transiciones energéticas justas e inclusivas, el tema que la nación Centroamericana escogió para el encuentro. La reunión de ministros le permitirá al Hemisferio Occidental impulsar una agenda regional de transición energética. También representa una valiosa oportunidad para fomentar el liderazgo energético compartido, la cooperación y la integración en las Américas a fin de alcanzar cero emisiones netas a 2050.
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