De esta forma, el Perú se convierte en el primer país de América Latina en hacerlo.

El viceministro de Agricultura, Juan Rheineck, encabezó la presentación del proyecto en Perú y sostuvo que el conocimiento de los efectos del cambio climático sobre los medios de subsistencia de los pequeños agricultores y su seguridad alimentaria es cada vez más necesaria.

“El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) es consciente de la vulnerabilidad de la población rural y los peligros a los que se enfrenta», manifestó.

Agregó que para nadie es extraño saber que las variaciones climáticas afectan directamente a la población rural, más aún a aquella población de escasos recursos, cuya capacidad de respuesta o resiliencia a sus impactos se ve limitada por factores, físicos, económicos o sociales, expresó.

Indicó que la elaboración del Plan de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático del Sector Agrario (Plangracc-A), aprobado mediante resolución ministerial contó con el apoyo técnico de la FAO, el asesoramiento del Grupo de Trabajo Técnico de Seguridad Alimentaria y Cambio Climático del Minagri y la participación de los gobiernos regionales y locales.

Dijo que ha sido uno de los primeros logros ya que ha permitido tener un diagnóstico a nivel nacional de la vulnerabilidad de la población rural dedicada a la actividad agraria y los principales peligros a los cuales están expuestos, así como su capacidad de respuesta y fortaleza.

Por su parte, el oficial técnico de FAO Roma, Karfakis Panagiotis, sostuvo que a raíz de las consecuencias del cambio climático las poblaciones campesinas que viven en las zonas tropicales (baja latitud) experimentarán un deterioro en su rendimiento agrícola e ingresos.

Como consecuencia, la incidencia, profundidad y persistencia de la pobreza y la inseguridad alimentaria se incrementarán, generándose pérdidas en el rendimiento de su producción, las cuales pueden significar pérdidas entre 0.5 y hasta 23.5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) del país.

Panagiotis agradeció al gobierno y Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón, el cual financia la ejecución del proyecto en Filipinas y Perú con cerca de 2.5 millones de dólares por un período de tres años, así como al gobierno de Perú y, en especial al Minagri con el que trabajan para la ejecución del proyecto.

El consejero de la Embajada de Japón en Perú, Daisuke Nakano, manifestó su satisfacción por la adhesión de Perú en el proyecto Amicaf y resaltó la preocupación de Japón por la seguridad alimentaria del mundo y de Perú.

El proyecto Amicaf se implementa a través de la FAO gracias a un fondo especial del gobierno de Japón que tiene por objetivo apoyar a los países en desarrollo a abordar la evaluación y adaptación al cambio climático y, de esta manera, contribuir a mejorar la seguridad alimentaria.

Su marco conceptual concilia la evaluación de los impactos del cambio climático, el análisis de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y los enfoques de adaptación de los medios de subsistencia. Fue implementado por primera vez en Filipinas con resultados positivos.

(FIN) JPC/JPC